Una apuesta por la transparencia política

Cómo hacer desaparecer la corrupción y el despilfarro de las instituciones españolas

La acción de policías, fiscales y jueces tiene un alcance limitado y, por ello, si no se complementa con medidas preventivas, puede ser contraproducente al dejar impunes la mayor parte de los casos. Han actuado contra la corrupción, pero nada pueden hacer contra el despilfarro, que, en términos económicos, es de mayor relevancia. A menudo actúan con retraso, muchos delincuentes escapan por prescripción del delito, otras veces por falta de pruebas. Además, tal vez lo que llega a los tribunales sea sólo la punta del iceberg. Por si fuera poco, el gobierno de turno suele azuzar a policía y fiscales contra los partidos adversarios, pero les frena en cuanto a la corrupción propia.

Los órganos de control interno de las administraciones, las Intervenciones Generales, son una limitación a la corrupción previa a que se produzca; sin duda la más eficaz, pero también es limitada, porque no puede entrar en el fondo de los asuntos, en las cuestiones de oportunidad, sino sólo en las formales – sólo puede avisar o dejar constancia, pero sin paralizar o sancionar. Suelen actuar en precario y bajo la presión de la urgencia. Por si fuera poco, en aras de la agilidad, las instituciones públicas han huido de estos controles por la vía de crear empresas, organismos, consorcios, fundaciones, etc… que quedan fuera de su ámbito.

Los órganos de control externo, Tribunal y Sindicaturas de cuentas, son independientes de los órganos auditados, pero no de los partidos políticos, que designan a controlados, controladores y destinatarios de sus informes. Tienen la posibilidad de opinar en cuestiones de oportunidad, y lo hacen, pero actúan a toro pasado, cuando “lo hecho, hecho está”, por lo que, a menudo, sus informes son silenciados o ignorados, cubiertos por un manto de complacencia.

Disponen además de buenas coartadas para la ineficacia de su función: deben abarcar tal amplitud de acciones a controlar, que resulta poco menos que imposible exigirles intensidad de control y sería absurdo desarrollar un aparato de control más importante que el de gestión. Sus informes suelen ser muy extensos y repletos de un argot que aburre a medios de comunicación y ciudadanos en general, por lo que rara vez alcanzan notoriedad.
El modelo sueco

En mi opinión, hay que copiar lo que sí funciona en los países con mayor percepción de honestidad pública, que es un modelo de transparencia, de acceso a los documentos públicos, abierto a cualquier ciudadano. Algo que inventaron en Suecia en 1766, que se ha ido extendiendo por muchos otros países y que en España sólo ha sido asimilado por nuestros partidos de gobierno en la medida en que “se hacen el sueco”, poniendo parches de inutilidad conocida, siguiendo el viejo modelo napoleónico de acceso a la información limitado a los interesados legítimos y a los órganos especializados de control.

¿Es extraño que sea así? El actual sistema de control les permite obtener, impunemente, amplia financiación ilegal a sus costosísimas campañas electorales, ha convertido algunas carreras políticas en rápidos atajos a la riqueza material y además al alcance de cualquier botarate sin escrúpulos. Mi opinión es que los beneficiados del sistema nunca lo van a reformar en lo sustancial, por más que prometan reformas, que acaban mostrándose inútiles o inviables una vez deben ser puestas en práctica. Lo que hay que hacer lo inventó Suecia hace siglos, lo aplican los países más desarrollados del mundo y hacerlo en España requerirá que los ciudadanos seamos conscientes de ello y lo exijamos.
Internet como herramienta política

En la época en que Internet intermedia la vida económica y social, la política no va a quedar al margen, aunque los políticos lo deseen. Se ha señalado a las redes sociales como un instrumento eficaz en la rebeldía frente a las dictaduras. ¿Alguien cree que la vieja democracia representativa va a salir intacta? Yo no, y quienes lo crean pueden verse arrinconados, antes o más tarde, por muy subidos al machito que puedan estar hoy.

Si hoy podemos mover por Internet trillones de euros con seguridad y confianza aceptables, podemos consultar y votar las decisiones que nos afectan a todos, sin necesidad de que sean unos pocos los que decidan por nosotros, rebajando los parlamentos al papel de lugar donde se formalizan estos acuerdos, una especie de notaría llena de pesebristas, donde además se localiza una serie de TV de debates políticos que se emite, en varias cadenas, en los telediarios de la noche.

Internet, hoy, permite que los referendos ciudadanos decidan lo que nos afecta. ¿Una utopía? Existe en Suiza desde 1830, y sin Internet, y no les va nada mal. Aprovechemos su experiencia con la ayuda de Internet. Implantarlo no es costoso ni complejo – sólo depende de la voluntad de llevarlo a cabo, y esa voluntad debe ser expresada primero en las urnas. Si fuera así, sería muy bueno para toda España.

Toni Rami es miembro de la Asociación Cívica Balear